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Acuerdos Marruecos/UE: la decisión del Tribunal europeo plantea interrogantes sobre su independencia y su objetividad
Sábado 2 de octubre de 2021, por
La sentencia en primera instancia del Tribunal de la Unión Europea (UE) sobre los acuerdos agrícola y de pesca con Marruecos "plantea interrogantes sobre la independencia y la objetividad de la Corte, que toma medidas extremas, sobre la base de argumentos de una organización armada y de sus relevos, para injerirse en los acuerdos comerciales entre Estados", afirmó la jurista estadounidense, Irina Tsukerman.
En los últimos años, particularmente, el Tribunal ha sido objeto de presiones por parte de diversas ONG vinculadas al polisario y con sede en Europa, que afirman que, al dedicarse a intercambios comerciales con Marruecos que implican al Sáhara, la UE está violando los derechos de la población saharaui, como pretende el polisario, subrayó en una declaración a la MAP, la abogada de derechos humanos con sede en Nueva York.
"En realidad, la acción de la Corte representa una interferencia inaceptable e inadecuada del poder judicial en la política exterior entre entidades soberanas e ignora la realidad sobre el terreno", añadió, estimando que "el Tribunal no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre tales asuntos".
Según Tsukerman, especialista de la región MENA, el Tribunal de la UE "cedió a los grupos de presión engañosos sin tomarse el tiempo de investigar estas acusaciones inapropiadas, en un momento en que un número creciente de países está abriendo representaciones diplomáticas en el Sáhara marroquí".
El Tribunal se revela así como un "órgano militante y politizado más que un árbitro neutral", añadió la jurista estadounidense, para quien "las posturas judiciales son perjudiciales para todo el sistema democrático en Europa, para las relaciones internacionales, para la estabilidad entre el Norte de África y la UE, y para las personas más vulnerables que son víctimas de agrupaciones manipuladoras, como el polisario".
"Argelia es el principal apoyo del polisario, y sólo se puede suponer que la financiación de estas campañas de desinformación también procede de la junta de Argel", añadió la experta.
La misma recordó que, efectivamente, el polisario y sus agentes son "corruptos, y están implicados en un terrorismo y una violencia que van en contra de todas las normas de derechos humanos y de las leyes internacionales", preguntándose cómo las ONG que les apoyan pueden ignorar el desvío de la ayuda humanitaria europea por parte de la banda que dirige el movimiento armado.
"En lugar de representar los intereses de todas las partes implicadas, el Tribunal está actuando como un defensor partidista", prosiguió, recordando la preocupación expresada por los círculos políticos y económicos de Europa, entre otros, sobre los intereses locales de pescadores y agricultores.
"En España, los responsables del gobierno a nivel central y local comprenden no sólo las necesidades e intereses de sus propios electores, sino también el hecho de que el llamado movimiento independentista es una ficción legal que no tiene legitimidad sobre el terreno", concluyó la abogada estadounidense.