Incumplimiento del estado de emergencia: las autoridades amenazan con fuertes sanciones

El ministerio público toma en serio su papel en la aplicación de las disposiciones del estado de emergencia, cuyo objetivo es frenar la propagación de la pandemia del coronavirus. Por ello, desde el principio se enviaron circulares a las distintas fiscalías, "instándoles a ser firmes y a velar por la aplicación rigurosa del Decreto-Ley Nº 2.20.292 sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria y los procedimientos para declararlo".

Los distintos Fiscales Generales y Fiscales del Rey también recibieron instrucciones sobre cómo comportarse con respecto a la difusión de los fake news. Según el Secretario General de la Presidencia del Ministerio Público, "el decreto ley tiene por objeto esencialmente proteger a los ciudadanos contra los riesgos de propagación de epidemias, movilizar todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y asegurar la continuidad del servicio público". Por consiguiente, las disposiciones represivas de este decreto ley tienen por objeto proteger a la sociedad contra los riesgos vinculados al incumplimiento de las leyes y decisiones adoptadas por los poderes públicos durante el período del estado de emergencia sanitaria.

En cuanto a las penas, los delincuentes pueden ser castigados con una pena de 1 a 3 meses de prisión y una multa de 300 a 1 300 dírhams. Esto se aplica a aquellos que "obstruyen las fuerzas públicas responsables de aplicar el estado de emergencia e incitan a los ciudadanos a tomar las calles y reunirse". Sin embargo, el ministerio público puede imponer penas más severas que van de los seis meses a los dos años de prisión en caso de ataque o resistencia a la fuerza pública.