Los vínculos dudosos de Madrid con los forajidos

El denominado Brahim Ghali, jefe de la junta separatista del polisario que está ingresado en un hospital de Logroño, en el norte del país, no es el primer criminal en permanecer en el país ibérico en violación de todas las leyes y principios del Estado de Derecho.

Hasta hace poco, en enero de 2020, para ser exactos, Podemos, el partido de Pablo Iglesias, sumió sin vergüenza a toda España en una profunda polémica al acoger a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen totalitario venezolano de Nicolas Maduro, a pesar de la prohibición de entrar o transitar en el territorio de la Unión Europea.

Evidentemente, el gobierno de Madrid intentó negar la presencia de la colaboradora de Maduro en territorio español en violación de las sanciones europeas contra el régimen de Caracas. Pero las pruebas de su presencia en el país eran irrefutables. La señora incluso se reunió con el ministro de Equipamiento, José Luis Abalos, en el aeropuerto madrileño de Barajas.

No menos de seis versiones diferentes de este incidente fueron dadas por el ministro español. Prueba del desconcierto de su gobierno. El mismo desconcierto se apoderó extrañamente de las autoridades e incluso de los medios de comunicación españoles cuando Marruecos había revelado el 19 de abril que el denominado Ghali estaba en España. La información fue puesta en duda antes de ser confirmada por Madrid 24 horas más tarde.

La Delcygate, que fue noticia, ha ilustrado de la manera más clara esta predisposición entre los que están en el poder en España a no retroceder ante nada para monetizar sus vínculos tenebrosos con los regímenes bellacos.

Un informe de 2008 titulado "Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela" muestra que la Fundación CEPS, centro de estudios políticos y sociales que sirvió de incubadora para la creación de Podemos, se beneficiaba de los generosos fondos desembolsados por el régimen venezolano.

La connivencia no acaba aquí. En octubre de 2020, la prensa internacional, incluida Bloomberg, informó que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos estaba estudiando la posibilidad de imponer sanciones al Banco de España por permitir que altos responsables del régimen venezolano eludieran las sanciones internacionales y depositaran dinero en él.

El caso del denominado Brahim Ghali y su entrada en España con identidad usurpada confirma así un modus operandi de los actuales dirigentes españoles.

La acogida de este criminal responsable de la muerte de varias decenas de españoles, además de violaciones, torturas y desapariciones, no es una novedad en sí misma. Esto revela el verdadero rostro de un movimiento populista que nunca ha dudado en asociarse con el diablo para rescatar sus arcas. Su connivencia con el régimen de Maduro sigue siendo un modelo.

La España de Podemos ha desempeñado, según informes citados por la prensa internacional, un papel crucial para el mantenimiento del régimen Maduro en el poder, en particular facilitándole el acceso a los mercados europeos para comercializar allí grandes cantidades de cocaína.

Se trata de una actitud que deja perplejo, tanto más cuanto que anima al régimen sanguinario de Maduro a perseguir con total impunidad su opresión del pueblo venezolano.

El diario PanAm Post informa, en este contexto, que miembros de agencias españolas de seguridad han facilitado el tránsito de cocaína procedente de Venezuela hacia Europa a través de la región noreste de Galicia.

La información se refiere a la larga historia de complicidad entre Maduro y Podemos, una complicidad que continúa hasta hoy y que ha permitido al movimiento amasar fondos que le han abierto la vía para infiltrarse en las agencias de seguridad españolas antes impenetrables, entre ellas el Consejo Nacional de Inteligencia en el que Pablo Iglesias ha conseguido recientemente un escaño.

Es una historia rica en enseñanzas sobre las verdaderas intenciones del movimiento en el poder en España que parece haber encontrado entre los generales de Argel una nueva fuente de ingresos para financiar planes que amenazan con condenar al Reino Ibérico al aislamiento.