La DGAPR refuta las alegaciones de un "observatorio de derechos humanos" sobre las circunstancias de encarcelamiento de los detenidos de O.R y S.R

En una aclaración, la DGAPR afirmó que, contrariamente a lo que se indica en dicho informe, el detenido O.R. está encarcelado en una celda individual que reúne las condiciones de alojamiento requeridas y está equipada con un televisor que le permite seguir un conjunto de canales por satélite, sobre la base de una solicitud que presentó al ingresar en prisión.

En cuanto al estado de salud de este detenido, la misma fuente asegura que desde su ingreso en este establecimiento penitenciario, el interesado se beneficia de los cuidados médicos necesarios ofrecidos por el personal médico y los hospitales externos, añadiendo que se le han entregado los medicamentos prescritos por el médico que le atiende, además de los medicamentos que le trae su familia después de haber sido revisados por el médico del establecimiento.

La delegación calificó de "infundadas" las declaraciones de la madre del preso que afirma que éste no pudo seguir un examen médico ante un gastroenterólogo en el Hospital Ibn Rochd, debido a la negativa de los agentes de policía a quitarle las esposas, explicando que inmediatamente después de la entrada del preso, el 04 de mayo de 2021, a la consulta del médico del citado hospital, "se le quitaron las esposas, pero el detenido se negó a someterse al examen hasta que los funcionarios no salieron de la consulta del médico, sabiendo que la consulta tiene un lugar aislado dedicado al examen de los pacientes sin vulnerar su intimidad".

En cuanto a los motivos de la huelga de hambre que este detenido había llevado a cabo, añade la misma fuente, y contrariamente a lo que se indica en el informe, el interesado confirmó al director del establecimiento que pretendía ser liberado de la cárcel y que su huelga no tenía nada que ver con las condiciones de su encarcelamiento.

En lo que se refiere a lo mencionado en el informe sobre el supuesto hostigamiento al preso O.R. durante su comunicación con su equipo de defensa, la DGAPR afirmó que todos los detenidos son tratados sin ninguna discriminación durante su contacto con sus abogados, derecho garantizado por la ley, velando al mismo tiempo por garantizar las condiciones idóneas para una mejor comunicación entre los abogados y sus clientes.

Respecto a la afirmación de la madre del preso de que la pandemia de Corona había complicado las cosas y que las medidas tomadas en el interior de la prisión constituían un peligro para su salud, la delegación asegura que había hecho todos sus esfuerzos para combatir la pandemia y adoptado una serie de medidas preventivas para proteger a la población penitenciaria, esfuerzos que permitieron frenar la propagación de la epidemia en el interior de los establecimientos penitenciarios.

Tocante al detenido S.R, también recluido en la prisión local de Ain Sebaa 1, la DGAPR afirma que el interesado se beneficia, desde que inició una huelga de hambre el 08 de abril de 2021, de un seguimiento médico diario y de exámenes y análisis médicos que confirman que su estado de salud es normal, contrariamente a las afirmaciones infundadas de su esposa, que pretende que tras 60 días de su huelga de hambre, el detenido habría perdido 31 kg.

La delegación también calificó de "infundadas" las alegaciones de que el detenido no pudo comunicarse por teléfono con su esposa durante 23 días, asegurando que el interesado goza de su derecho a comunicarse con su familia y que nunca se le ha negado este derecho.

Según la misma fuente, el detenido en cuestión se negó voluntariamente a hacer uso de su derecho a comunicarse por el teléfono fijo del establecimiento, subrayando que la continuación de su huelga de hambre no tenía nada que ver con las condiciones de su detención.

En definitiva, la delegación subraya que el recurso de los familiares de los dos detenidos O.R y S.R a proporcionar a ciertas organizaciones información falsa y errónea está motivado por su intento de cambiar el curso de estos dos casos de derecho común para disfrazarlos de casos de libertad de opinión.