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Altos responsables del PJD ante la justicia por "desfalco de fondos públicos”

Martes 4 de febrero de 2020, por Bladi.es

Responsables del partido de la justicia y del desarrollo (PJD) son desde hace unos días, objeto de una investigación judicial. Fuentes locales en Marrakech, afirman que el alcalde de la ciudad y uno de sus adjuntos están siendo investigados por “desfalco de fondos públicos”, mientras al norte, en Tetuán, el alcalde de la ciudad es también objeto de una investigación judicial por los mismos motivos.

Mal momento para el Partido de la Justicia y Desarrollo. En la ciudad ocre, dos responsables del partido a saber, el alcalde de la ciudad y uno de sus adjuntos fueron presentados ante el juez de instrucción y estarían siendo investigados por haber cerrado, al menos, 39 contratos sin respetar el procedimiento en vigor.

En el mismo momento, afirman las mismas fuentes, retomadas por La vie Éco, que el tribunal administrativo de la ciudad de Marrakech se ocupará del caso de otro responsable local del PJD, es decir, el presidente del municipio de Aït-Melloul, en el Gran Agadir. Este es objeto de un procedimiento de destitución requerido por el ministerio del Interior, por mala gestión de los asuntos públicos, indica el mismo medio de comunicación.

Al norte, en particular en Tetuán, el representante del PJD, alcalde de la ciudad, está igualmente siendo objeto de un procedimiento judicial similar. Al igual que los otros miembros del partido citados anteriormente, está siendo investigado por “numerosas violaciones e irregularidades observadas por las misiones de control del ministerio del Interior en la gestión de la ciudad”.

Para el caso, son los artículos 241 y 381 del código penal que fijan los cargos que se les imputan. El segundo artículo sanciona la usurpación de funciones, mientras que según el primero, “todo magistrado, todo funcionario público que se lleva el dinero público, disimula, o se queda indebidamente con o sustrae bienes públicos o privados, o efectos en su lugar o documentos, títulos, actas, bienes mobiliarios que estaban en sus manos, sea en virtud o sea por razones de los cargos que ocupa, está castigado por un encarcelamiento de cinco a veinte años y una multa de 5 000 a 100 000 dírhams”.

Los tres responsable del PJD se enfrentan no solamente a una revocación, sino que también podrán deshacerse de su cargo de diputado en el parlamento.